Perito médico forense · Santa Cruz de Tenerife
Una reclamación por mala praxis se gana o se pierde por el informe pericial. Estudio de viabilidad previo, informe médico pericial y ratificación ante los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.
El punto de partida
La medicina es una obligación de medios, no de resultados. Un tratamiento correctamente indicado y correctamente ejecutado puede terminar mal sin que nadie haya hecho nada reprochable: hay riesgos inherentes a cada técnica, y el paciente los asume cuando se le informa de ellos.
Existe negligencia cuando la actuación sanitaria se aparta de la lex artis ad hoc —lo que un profesional diligente habría hecho ante ese paciente, con esos medios y en esas circunstancias— y ese apartamiento provoca un daño que el paciente no tenía por qué soportar.
Distinguir una cosa de la otra no se hace por intuición ni por indignación, por legítima que sea: se hace analizando la historia clínica completa con criterio médico-legal. Ese es exactamente el trabajo que se realiza aquí antes de que usted decida reclamar.
Un diagnóstico erróneo evitable con las pruebas disponibles, un retraso injustificado que agrava el pronóstico, una técnica quirúrgica mal ejecutada, un seguimiento inexistente tras el alta o una falta de información sobre riesgos relevantes.
La complicación descrita y consentida que aparece pese a una actuación correcta, la evolución desfavorable de una enfermedad grave ya avanzada, o la discrepancia con un criterio clínico que se mantiene dentro de lo científicamente aceptable.
Tipología
Tanto de la sanidad pública canaria como de centros y aseguradoras privadas.
Patología no detectada pese a existir signos o pruebas que la señalaban, o diagnosticada tarde, cuando el pronóstico ya ha empeorado. Es el grupo más numeroso y el que más depende de una lectura técnica del historial.
Lesiones de estructuras vecinas, material olvidado, indicación quirúrgica discutible o técnica inadecuada para el caso concreto.
Infecciones adquiridas durante el ingreso y su manejo posterior: profilaxis, detección precoz y tratamiento aplicado.
Fármaco, dosis o vía equivocados, interacciones no valoradas y falta de control de tratamientos que exigen seguimiento analítico.
Ausencia de documento, formulario genérico que no menciona los riesgos concretos, o información dada sin margen real de decisión.
Manejo del parto, sufrimiento fetal no advertido a tiempo y secuelas derivadas. Casos de alta complejidad pericial y elevada trascendencia.
Altas prematuras, pacientes devueltos a domicilio sin pruebas que estaban indicadas y reingresos que revelan lo que se pasó por alto.
Estudio del curso asistencial y, cuando existe, análisis del informe de autopsia para determinar si el desenlace era evitable.
Tratamientos con finalidad satisfactiva, donde el nivel de información exigible y la expectativa de resultado se valoran con especial rigor.
Cómo se demuestra
Un tribunal no condena por la gravedad del daño, sino porque se le prueban estos cuatro elementos. El informe pericial es la herramienta que sostiene los tres primeros.
Qué se hizo, qué debió hacerse y en qué se apartó lo uno de lo otro, contrastado con protocolos, guías clínicas y literatura científica aplicable en ese momento.
Un perjuicio concreto y medible: días de perjuicio, secuelas puntuables, pérdida de calidad de vida o de capacidad laboral. Sin daño acreditado no hay indemnización, por incorrecta que fuera la actuación.
El nexo entre la actuación y el daño. Es el punto donde más reclamaciones se caen: hay que demostrar que el perjuicio deriva de la mala praxis y no de la propia enfermedad.
Que el paciente no tuviera el deber jurídico de soportarlo: un riesgo típico, informado y asumido no genera responsabilidad, aunque se materialice.
Vías de reclamación
La vía depende de si la asistencia fue pública o privada, y los plazos son cortos. Este es el mapa general; su abogado concretará la estrategia según el caso.
Reclamación previa ante la Administración sanitaria y, si se desestima, recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Es la vía habitual cuando la asistencia se prestó en la red pública.
Plazo: un año, que no cuenta desde el acto médico sino desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas.
Demanda frente al profesional, el centro o su aseguradora. Los plazos difieren según la reclamación se articule sobre el contrato de asistencia o sobre la culpa extracontractual.
Plazo: más amplio en la reclamación de base contractual que en la extracontractual. Conviene fijarlo con el abogado desde el primer día.
Reservada a la imprudencia con resultado de lesiones graves o fallecimiento. Exige un estándar probatorio muy superior y no siempre es la vía más eficaz para obtener una indemnización.
Plazo: el de prescripción del delito, distinto según su calificación.
El trabajo pericial
Se cita al paciente para aportar copia de toda la documentación clínica relacionada con el caso y, si el caso lo requiere, se realiza también la exploración física.
Análisis exhaustivo de la documentación y de los hallazgos de la exploración para determinar si la defensa judicial del caso es sostenible. Este es el filtro: solo se peritan los casos viables, y los demás se rechazan explicándole por qué.
Si el caso es viable, se elabora el informe: cronología asistencial, contraste con la lex artis, análisis del nexo causal y valoración del daño con conclusiones fundamentadas. Es la prueba que su abogado necesitará para sostener la reclamación.
Si no hay acuerdo extrajudicial, asistencia a la vista en calidad de perito para ratificar y defender las conclusiones, respondiendo a todas las preguntas del tribunal y de las partes contrarias.
Quién perita su caso
El Dr. Pablo J. Rodríguez Monroy es médico forense titular del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses —destinado en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas— actualmente en excedencia, y ejerce como perito médico en el ámbito privado desde 2017.
Es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Sobresaliente Cum Laude, con tesis sobre lesionados en accidentes de tráfico) y Máster en Medicina Evaluadora y Peritaje Médico por la Universidad de Barcelona. Miembro de la Sociedad Española de Valoración del Daño Corporal y perito médico del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, colegiado 35/35/05524.
Sin incompatibilidades: no mantiene relación contractual con compañías aseguradoras, mutuas laborales, hospitales ni otras entidades públicas o privadas. En un pleito por negligencia médica, esa independencia es la primera línea de defensa del informe cuando la parte contraria intenta desacreditarlo.
Para peritajes de daño corporal, incapacidad laboral o accidentes que no sean negligencias, consulte peritomedicotenerife.es; la sede de la consulta está en Las Palmas de Gran Canaria: peritomedicograncanaria.com.
Ámbito
Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario y Tegueste, con asistencia a los juzgados de Santa Cruz y de La Laguna.
La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Icod de los Vinos y comarca.
Arona, Adeje, Granadilla de Abona, Candelaria, Güímar y Santiago del Teide.
La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Preguntas frecuentes
La medicina obliga a poner los medios, no a garantizar resultados. Hay negligencia cuando la actuación se aparta de la lex artis —lo que un profesional diligente habría hecho en esas circunstancias— y ese apartamiento causa un daño. Un resultado adverso derivado de un riesgo propio de una técnica bien indicada y bien ejecutada, del que además se informó al paciente, no constituye negligencia.
Cuatro elementos: la actuación contraria a la lex artis, un daño real y evaluable, la relación de causalidad entre ambos y que el paciente no tuviera el deber jurídico de soportar ese daño. El informe pericial sostiene técnicamente los tres primeros; el cuarto es una valoración jurídica que corresponde al abogado y al tribunal.
Los plazos son cortos y dependen de la vía. En la sanidad pública, la reclamación de responsabilidad patrimonial dispone de un año, que empieza a contar desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas, no desde el acto médico. En la privada y en la penal el cómputo es distinto. Por eso conviene consultar cuanto antes: reunir la historia clínica y estudiar la viabilidad lleva semanas.
Solicitándola por escrito al servicio de atención al paciente del centro donde le atendieron, público o privado. Pida copia completa: evolutivos, hojas de quirófano y anestesia, gráficas de enfermería, pruebas de imagen con sus informes, analíticas y consentimientos informados firmados. Una historia incompleta impide peritar y, en ocasiones, es en sí misma un dato relevante del caso.
El defecto de información tiene relevancia propia: puede existir aunque la técnica se ejecutara correctamente, porque priva al paciente de decidir con conocimiento de los riesgos y las alternativas. Se valora de forma específica en el informe pericial, y su alcance indemnizatorio es distinto al del daño por mala praxis.
Sí. Son funciones distintas y complementarias: el abogado dirige la estrategia procesal y defiende la reclamación; el perito aporta y sostiene la prueba médica. Sin informe pericial la reclamación no se sostiene, y sin abogado el informe no llega bien planteado al procedimiento. Los honorarios de uno y otro son independientes.
Porque solo se peritan los casos viables. Si el estudio previo indica que la reclamación no tiene recorrido, se le aconsejará no demandar. Es la recomendación más incómoda de dar y la más honesta: un pleito perdido de antemano cuesta dinero, años y un desgaste emocional que rara vez se calcula bien de antemano.
Los honorarios no son fijos: dependen de la complejidad y de la responsabilidad del caso. El estudio de viabilidad, el informe pericial y la asistencia a juicio se cobran de forma independiente y se abonan en el momento del encargo. Se ofrece presupuesto previo sin compromiso, y en ningún caso puede pactarse un porcentaje sobre la indemnización: condicionar los honorarios al resultado invalidaría el informe.
El primer paso no es demandar: es saber si su caso se sostiene. Una conversación inicial y el estudio de la documentación clínica le darán una respuesta clara antes de comprometer tiempo y dinero.
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Toda la documentación clínica se trata bajo secreto profesional médico.